Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados en la Agenda 2030, han provocado un cambio de paradigma en la evaluación de los contratos públicos. Donde antes la Administración Pública y los licitadores valoraban, en primera instancia, la economía y la calidad de un proyecto, ahora entra en juego la sostenibilidad. Más allá de la comprendida como el entorno y los recursos naturales. La Agenda 2030 definió en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible una serie de principios relacionados también con la búsqueda de un equilibrio justo y equitativo para el bienestar social. De este modo, estos ODS abarcan desde acciones por el clima (ODS 13) y los ecosistemas terrestres (ODS 15), hasta el fin de la pobreza (ODS 1) o la igualdad de género (ODS 5).
La transformación de la Contratación Pública a la Contratación Pública Sostenible
De este modo la contratación pública, antes simplemente concebida para la provisión de bienes y servicios al Estado, funciona ahora como una de las principales palancas de cambio hacia una transformación social. Esto se hizo tangible tras la publicación de la ya mencionada Agenda 2030, firmada en el año 2015. Los objetivos recogidos en esta agenda marcaron el camino que llevó a los poderes adjudicadores a abrir el paso a lo que conocemos como la contratación pública sostenible.
De este modo, los contratos públicos se convirtieron en un mecanismo capaz de cambiar las políticas públicas y alcanzar los objetivos y compromisos de sostenibilidad asumidos internacionalmente. Podemos verlo en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que indica: «conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES, y de defensa de la competencia». Ya no es suficiente simplemente realizar estas obras, bienes o servicios con la ayuda del mercado, debemos hacerlo pensando en “verde” y persiguiendo una sostenibilidad social.
Solo para tenerlos presentes, vamos a recordar los 17 objetivos de la Agenda 2030:
ODS 1. Fin de la pobreza
ODS 2. Hambre cero
ODS 3. Salud y bienestar
ODS 4. Educación de calidad
ODS 5. Igualdad de género
ODS 6. Agua limpia y saneamiento
ODS 7. Energía asequible y no contaminante
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
ODS 10. Reducción de las desigualdades
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
0DS 12. Producción y consumo responsable
ODS 13. Acción por el clima
ODS 14. Vida submarina
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos
¿Por qué son importantes los ODS en los criterios de adjudicación?
Si algo definían los contratos públicos, mucho antes incluso de la aparición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, era el principio de eficiencia. Ahora bien, este ya no puede ser evaluado solo desde la perspectiva financiera. El pasado 20 de mayo se anunciaba la noticia que, por fin, harían de los criterios sostenibles una responsabilidad: la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. Esta nueva ley (B.O.E. de 21 de mayo de 2021), a través de su artículo 31 titulado “Contratación pública”, tiene por objeto garantizar el uso racional de los recursos y favorecer la descarbonización de la economía española. Se obliga así a la creación de un modelo de desarrollo sostenible que permita generar nuevas y mejores oportunidades a la sociedad.
A partir de este momento, y para cumplir de forma eficiente con la Ley 7/2021, tenemos que entender la calidad de nuestra propuesta por medio de los ODS. Esto quiere decir que nuestra oferta deberá atender a las tres dimensiones: ambiental, social y económica, y buscar la eficiencia de nuestra propuesta en todas ellas. La contratación pública adquiere así una gran responsabilidad, también por su representación dentro del Producto Interior Bruto (en torno a un 15%). Lo que coloca a los poderes adjudicadores como uno de los principales motores de cambio de nuestro país. Al fin y al cabo, la valoración positiva o negativa de los pliegos de una licitación depende de cómo la Administración aplica unos criterios específicos.
Una nueva forma de entender los contratos públicos
Como hemos visto, la Agenda 2030, los ODS, y la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética ha transformado la manera de entender los contratos públicos. Un cambio que busca aportar unas mejores soluciones para la ciudadanía, a través de obras, bienes y servicios más comprometidos. Una tarea que exige una implicación proactiva por parte de la Administración Pública y el sector público, ya que son responsables de reactivar un modelo económico más verde y productivo.
En estrategiQa confiamos en que, la diferencia entre contratación pública y contratación pública sostenible pronto dejará de existir. ¿Por qué? Porque ya no podremos entender los contratos públicos sin el sesgo de la sostenibilidad, la prioridad de nuestra estrategia. El futuro es 100% verde, inteligente y en un escenario económico y socialmente responsable, y solo hay una manera de hacerlo, de forma sostenible. Esto nos permite enfocarnos en asuntos relevantes con nuestros clientes, potenciando su credibilidad y creando alianzas que favorecerán los procesos de toma de decisiones y, por ende, una adjudicación exitosa.
